Nathaly Torres 
El colapso del techo en un centro comercial de Trujillo, que dejó un saldo trágico de muertos y heridos, es una dolorosa llamada de atención. No es un accidente aislado, sino el resultado de un problema estructural en el país: la falta de prevención y la corrupción en la supervisión de obras.
¿Cuántas tragedias más debemos lamentar para entender que la seguridad no es un lujo? La caída de un puente en Chancay la semana pasada y ahora este nuevo desastre evidencian que las normas de construcción y seguridad son ignoradas o flexibilizadas en beneficio de intereses económicos. Las autoridades que otorgan licencias sin el mínimo cumplimiento legal requerido son cómplices de estos hechos. Su negligencia pone en riesgo vidas y debe ser sancionada con el máximo peso de la ley.
No se puede permitir la impunidad. Los dueños del centro comercial deben asumir su responsabilidad penal, así como los funcionarios que, por corrupción o desidia, aprobaron construcciones deficientes. La justicia debe actuar con firmeza para que estas tragedias no sigan repitiéndose.
Este desastre no solo deja víctimas, deja también una lección: la prevención no es un gasto innecesario, es la diferencia entre la vida y la muerte. Es hora de que como sociedad exijamos que la seguridad sea prioridad. No esperemos a que la próxima tragedia nos tome por sorpresa.